En las últimas semanas, la ministra Patricia Bullrich anunció un ambicioso proyecto para reformular el sistema carcelario argentino y abordar la superpoblación y los altos costos de mantenimiento de los presos. Durante un acto del gobierno porteño, Bullrich reveló planes para la construcción de dos cárceles privadas, que ya están en proceso de licitación.
Una de las cárceles se ubicará en Ezeiza, con capacidad para 3200 internos, y la otra en la zona del litoral, con espacio para 1800 reclusos. Este modelo de gestión privada propuesto difiere del sistema de privatización total utilizado en Estados Unidos. En Argentina, la propuesta plantea una gestión mixta: el Servicio Penitenciario Federal (SPF) mantendría la vigilancia y seguridad, mientras que las empresas privadas invertirían en la construcción, mantenimiento, servicios médicos, alimentación, higiene y tratamiento de residuos.
El sector privado también se haría cargo de la administración y el proceso de resocialización de los internos. Las empresas financiarían la construcción y el mantenimiento de los penales, y el Estado pagaría un monto por cada preso alojado, similar a una concesión. Sin embargo, los informes sobre el comportamiento de los presos y el otorgamiento de beneficios judiciales seguirán bajo la supervisión del SPF.
Este modelo ya se ha implementado en otros países de la región, como Chile, Brasil y Uruguay, con resultados variados y debates sobre su efectividad y ética. Las empresas participantes buscan recuperar su inversión y obtener ganancias a través de la gestión de estos servicios, lo que plantea preguntas sobre la calidad y humanidad del trato a los internos.
El sistema penitenciario argentino enfrenta actualmente graves problemas, incluyendo sobrecostos en la alimentación y mantenimiento de los reclusos, y condiciones inadecuadas en algunas instalaciones, como la contaminación del agua en Marcos Paz. El nuevo proyecto busca reducir estos costos y mejorar las condiciones de vida de los internos.
La licitación de estas cárceles privadas se proyecta para comenzar en un mes y medio, coordinada por la Secretaría de Concesiones del Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y la cartera de Justicia y Derechos Humanos. El Gobierno priorizará las propuestas que ofrezcan las mejores condiciones y costos para el Estado.
En el presupuesto de 2024, se proyectaron casi $183.000 millones para el Servicio Penitenciario Federal, incluyendo partidas para actividades centrales, seguridad y rehabilitación de los presos, cooperación técnica y financiera para la laborterapia de internos, y formación y capacitación. El mayor gasto se destina actualmente a recursos humanos, atención médica y alimentación de los presos.
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