En la investigación que involucra al Ministerio de Capital Humano por interrumpir la entrega de alimentos a comedores sociales, el juez Sebastián Casanello ha dado un plazo de 72 horas para que se distribuya la mercadería almacenada, que suma 5 millones de kilos. Esta medida responde al dictamen de la fiscal Paloma Ochoa, quien señaló que mejorar la cadena de reparto no puede justificar la interrupción de la entrega de alimentos, que ha superado los cinco meses de retraso.
El juez exige a Capital Humano que detalle el stock actual de alimentos en depósitos ubicados en Villa Martelli, Vicente López, y Tafí Viejo, Tucumán, incluyendo el tipo de alimento y fechas de adquisición y expiración, así como registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023. Además, se deben presentar todos los expedientes administrativos relacionados con la adquisición de estos alimentos.
La Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que denunció al gobierno por no recibir alimentos desde su llegada, opera 250 comedores que alimentan a 32.400 personas. La "fila del hambre" en febrero y recientes documentaciones de organizaciones refutaron la acusación oficial de "comedores fantasma".
Pablo De la Torre, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dijo en redes que los alimentos están "reservados para emergencias climáticas". Manuel Adorni admitió que la mercadería está deliberadamente almacenada, mencionando auditorías que identificaron comedores "truchos". Ambos funcionarios anunciaron que la resolución de Casanello será apelada.
Juan Grabois replicó que los alimentos están destinados a comedores comunitarios, mostrando documentos que demuestran que el programa de emergencia es diferente y acusando al gobierno de malversación de fondos públicos.
El comunicado de Capital Humano alega que los alimentos eran para "comedores fantasma", generalizando para justificar la no distribución de alimentos. La fiscal Ochoa, en su dictamen, critica al ministerio por no responder adecuadamente a los requerimientos judiciales y no presentar pruebas documentales sobre las irregularidades alegadas.
La resolución de Casanello, basada en el derecho humano a la alimentación, ordena la distribución inmediata de los alimentos. Cita datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina, indicando que el 57,4% de la población está en situación de pobreza, con más del 60% de los niños afectados. Casanello subraya que garantizar la seguridad alimentaria es una obligación del Estado, y dado el perjuicio irreparable, no se puede esperar más para distribuir la mercadería.
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