Pazo aseguró que la ley de “Inocencia fiscal” es para “que la gente vuelva al sistema”

El titular de ARCA, Juan Pazo, defendió la inclusión de la Ley de Inocencia Fiscal en el proyecto de Presupuesto 2026 porque es una norma que busca “que la gente vuelva al sistema”.

La medida, que tiene como objetivo que se usen dólares “guardados en el colchón”, había sido planteada por el gobierno meses atrás pero no prosperó.

“Es para dar garantías al que está usando esa plata, que después no va a venir otro que lo va a perseguir. Para dar garantías a quien adhirió al régimen simplificado de ganancias, que una administración tributaria de un gobierno de un distinto signo político no puede perseguirlo”, señaló Pazo.

En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario subrayó que “ya adhirieron 17 gobernadores” y remarcó que “no solamente va a generar la posibilidad de ingresar fondos a la economía para incentivar la producción, sino que busca instaurar un cambio en la filosofía y la práctica del régimen tributario argentino”.

“El objetivo es abandonar el tipo de régimen persecutorio para pasar a una idea donde todo contribuyente es inocente hasta que Arca demuestre lo contrario. No se tiene que invertir la carga de la prueba donde había una presunción de culpabilidad por parte del contribuyente”, recordó como concepto el titular de ARCA.

Pazo señaló que aunque no haya salido la ley de “Inocencia Fiscal” presentada en su momento, ARCA implementó el régimen simplificado de ganancias al que ya adhirieron 11.000 contribuyentes.

“Lo que hace es que ARCA a partir de ahora lo único que te va a mirar es la información de todas las facturas y los gastos deducibles sin mirar los consumos personales ni el incremento patrimonial. Esto permite que cada uno de los ciudadanos pueda utilizar el ahorro genuino que tuvo durante todos estos años, que lo que intentó fue preservarlo de la falta de moneda, de la inflación, del excesivo control que tuvo el Estado para poder ponerlo a la producción”, agregó.

Pazo precisó que “se disminuye de 5 a 3 años el plazo de prescripción tributaria” y en el caso de “la seguridad social de 10 a 5 años”.

Añadió que “lo más importante es que todos los contribuyentes que hayan presentado su declaración jurada en tiempo y forma, si tiene algún tipo de incumplimiento y es notificado podrá resolviendo, podrá resolver ese problema pagando lo que debe”.

Pazo afirmó que “los grandes beneficiarios de este tipo de proyectos son las provincias, ya que esto genera consumo, genera consumo local y eso es mayor tributación en las provincias, vía ingresos brutos y la coparticipación de IVA”.