En el 2004 había 38 universidades estatales con 1,3 millones de alumnos y un financiamiento por alumno de $3 millones anuales a precios actuales. La tasa de egreso era de 5% de la matrícula. Muy bajo. Imagínese una aula con 100 alumnos. Bueno, solo 5 se reciben.
Vino el kirchnerismo. Luego de 10 años, en el 2014 dejó 50 universidades estatales, 1,5 millones de alumnos y un financiamiento por alumno de $5,7 millones anuales a precios actuales. Época dorada para las universidades estatales en términos de presupuesto. Pero no de resultados. Porque la tasa de egreso se mantuvo en el orden del 5% de la matrícula.
Por la autonomía universitaria, las universidades pueden manejar los recursos públicos que reciben de la sociedad con total independencia y prescindencia de rendición de cuentas. Una derivación de esta virtud (para algunos) o defecto (para otros) fue que la bocanada de recursos que las universidades recibieron entre el 2004 y el 2014 terminó en el armado de burocracias, negocios personales y muchos intereses espurios enquistados en el manejo de los recursos universitarios.
Vino Milei. Se encontró que en el 2024 el número de universidades estatales ya era de 57, la matrícula de 2 millones de alumnos y el financiamiento por alumno volvió a $3 millones anuales a precios actuales. En términos de financiamiento por alumno se volvió a los tiempos pre-kirchneristas. En términos de resultados se mantuvo todo igual. La tasa de egreso sigue siendo del 5% de la matricula.
Acusando de manejos oscuros a las universidades por el mal uso de sus autonomías y de estar invadida de militantes filo-kirchneristas (no es para menos, nostálgicos de la época dorada) les niega ajuste por inflación. Así es como en el 2025, el presupuesto de las universidades estatales cayó un 12% en términos reales y se estima que en el 2026 caerá otro 8% de no mediar algún refuerzo a la partida universitaria del presupuesto nacional.
Convengamos que las universidades tienen que mejorar su desempeño en términos de que, con muchos (2004 - 2014) o pocos (2014 - 2024), recursos solo 5 de cada 100 alumnos que transcurren por sus aulas -gratuitamente- se reciben y esto viene igual desde hace 20 años. Convengamos también que el método no es ahogar al sistema universitario con negación al ajuste por inflación.
Los 95 alumnos que no se reciben son un derroche de recursos universitarios. Pero están allí porque son víctimas de otro derroche. Que es el derroche que hay en la educación básica en las escuelas del Estado.
Según el relevamiento de la Secretaría de Educación nacional, en las escuelas primarias de todo el país hay 14 alumnos por cargo docente al frente de alumno. Sin embargo, la mitad de los niños que terminan la primaria no tiene capacidades de lectura y matemática acordes a su edad. Luego, van a la secundaria. Si la mitad de los pibes vienen flojos de aprendizajes desde la primaria no debería extrañar que 40% de los que entran a la secundaria no la terminen. Luego, entre el 60% que la termina solo el 20% tienen capacidades de lectura y matemática acordes a lo que se necesita para ir a la universidad.
Como la educación secundaria en Argentina no está pensada para preparar a los jóvenes para el mundo del trabajo (como la educación vocacional en Europa, por ejemplo), la mayoría de los que terminan la secundaria no visualiza otro camino que seguir por la universidad. Sin la preparación adecuada que debería haber dado la educación básica. Resultado: el 95% no termina la universidad y le saca recursos al 5% que sí la termina.
Al igual que con la universidad, el problema en la educación primaria y secundaria es de otra autonomía: la de las provincias. Por la Constitución nacional, las provincias son autónomas (artículo 121°) y las responsables por la educación básica (artículo 5°). Así que los malos resultados educativos en primaria y secundaria son responsabilidad de las provincias.
Entonces, las provincias y las universidades hacen mal uso de sus autonomías. Luego, le demandan al Estado nacional que resuelva sus malos resultados con más guita. Un Estado nacional que encima está fundido.
Como en toda organización federal, las políticas públicas funcionan bien cuando hay coordinación y buena gestión de las autonomías. En el caso de la educación, se necesita mucha mejor gestión de las provincias en la educación básica y de las universidad en la educación superior.
El Estado nacional lo que tiene que hacer es medir rigurosamente los resultados educativos y difundirlos profusamente a la sociedad. Para que gobernadores y rectores tengan que rendir cuentas a la sociedad por el uso que hacen de sus autonomías.
