Los abogados de Cristina Kirchner presentaron un informe con nuevas pruebas para discutir la condena en la causa Vialidad

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner anunciaron que buscarán revisar la condena de la causa Vialidad a partir de nuevas pruebas que, según su criterio, demostrarían que la expresidenta no benefició de manera indebida a Lázaro Báez y el Grupo Austral. De esta manera construirán una estrategia para intentar suspender, al menos momentáneamente, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El defensor Carlos Alberto Beraldi brindó una conferencia de prensa acompañado de sus pares, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, quienes además trabajan en el tratamiento del caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Durante la conferencia, el equipo legal mostró un informe técnico elaborado por Specs Consultoría. El estudio concluyó que el Grupo Austral recibió apenas el 0,85% de los fondos asignados a un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad, establecido por el decreto 54/2009 que firmó la entonces presidenta. Los desembolsos superan los 18.6 millones de dólares.

“El Tribunal Oral Federal que dicta la condena la centra exclusivamente sobre estos fondos, que se llaman fondos del fideicomiso de transportes o SISVIAL, a partir de un decreto que Cristina Kirchner firma (el decreto 54/2009). Y dice el tribunal que ese decreto había sido emitido de forma totalmente irregular y con el exclusivo propósito de proveer de fondos a las obras que habían sido asignadas a Lázaro Báez”, relató el abogado Beraldi.

Los defensores de la exmandataria resaltaron que “el principal destinatario” de esos fondos entre 2009 y 2015 fue IECSA S.A., que “es una empresa del primo del expresidente Mauricio Macri”, el empresario Ángelo Calcaterra.

“A Lázaro Báez se le asignó menos del 1%; es sorprendente para nosotros. (El decreto) Es una norma general que de ninguna manera tenía carácter delictivo. Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso, que se lo quería beneficiar a Báez”, continuó Beraldi.

Según adelantaron los letrados, hay más “pruebas nuevas” sobre las que aún están trabajando, y no develarán por ahora. Todo se presentará ante la ONU, en el plano internacional, y la Cámara Federal de Casación Penal, en los tribunales locales.

Ante el máximo tribunal penal federal tramitará el recurso de revisión, la “prioridad” de los abogados de Fernández de Kirchner, tal como reconocieron. Es que por esa vía es que la expresidenta buscará que suspendan los efectos de su condena, que incluye su privación de la libertad y la inhabilitación política y electoral.

Carlos Beraldi aseguró que “con la mera interposición del recurso de revisión se puede pedir la suspensión de la sentencia. Estamos en condiciones de que un tribunal avance en el análisis de lo que planteamos e incluso pueda suspender los efectos de la condena”.

El objetivo, reconoció el abogado, es “que esta condena caiga, que Cristina recupere la libertad y que reanude su actividad política”.

Tras el anuncio, un magistrado de los tribunales federales de Comodoro Py que intervino en la causa Vialidad señaló que esta cuestión no es nueva, sino que ya fue “tratada y rechazada varias veces”. Además, subrayó que el informe se basa en datos nacionales, mientras que en el juicio se debatió solamente la corrupción de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde Lázaro Báez se quedó con “cerca del 85% de las obras”.

El origen de las nuevas pruebas

Según relató el equipo que defiende a la expresidenta, empezaron a investigar el porcentaje de fondos que recibió el Grupo Austral a partir de la declaración testimonial de un funcionario de Vialidad propuesto por la fiscalía en el juicio de los cuadernos de las coimas.

El testigo brindó “una explicación sobre una base de datos incorporada a la causa”, para precisar cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso entre 2009 y 2018.

“Cuando vimos eso, pedimos esa información ahora explicada públicamente y aclarada por quien la había realizado, e iniciamos una investigación”, contó Beraldi.

Y siguió: “Encontramos que, cuando se hablaba de la utilización de los fondos que se le habían dado a la Dirección Nacional de Vialidad entre 2009 y 2015, por lo que se la había condenado a Cristina, la inversión era enorme, más de 2.000 millones de dólares. Y a Lázaro Báez se le asignó menos del 1%”.

Según el defensor, en su momento habían propuesto hacer una pericia contable para demostrar cómo se habían usado los fondos y determinar si hubo beneficiados, pero el ofrecimiento fue rechazado en todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia.