REDACCIÓN 4LEl fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba preliminares para determinar si impulsa una investigación o desestima la denuncia contra el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y otros funcionarios del gobierno nacional por la administración de las reservas de oro.
El caso apunta a esclarecer si existió algún delito alrededor de los contratos de derivados de oro realizados por el BCRA durante 2025. La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, a partir del informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que concluyó que la autoridad monetaria especuló con el precio internacional del metal, “erró el cálculo” y generó una pérdida de 1.023 millones de dólares.
Según se pudo saber de fuentes judiciales, el fiscal Pollicita requirió al juez federal Ariel Lijo la producción de una serie de “medidas previas” de carácter documental.
En primer lugar, la fiscalía solicitó a la AGN, que preside Juan Manuel Olmos, una copia íntegra del informe de auditoría sobre los estados contables del Banco Central, sus papeles de trabajo de respaldo y las disidencias internas que se hubieran presentado entre los auditores. También pidió conocer las respuestas y descargos formales que la conducción del Banco Central remitió al organismo de control tras las observaciones.
En segundo lugar, Pollicita demandó al BCRA “el marco normativo aplicable a la adopción de decisiones vinculadas con la administración, disposición y eventual contratación de operaciones relativas a las reservas del oro”, según plasmó en un dictamen. La fiscalía busca identificar con precisión qué áreas técnicas y funcionarios tienen el poder de autorizar estos contratos, qué procedimientos de control interno se aplicaron y si existieron directivas o comunicaciones institucionales coordinadas con el Ministerio de Economía de la Nación entre 2025 y la actualidad.
Una vez que el Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py reciba y procese toda la documentación requerida, la fiscalía analizará si impulsa formalmente la investigación penal o si desestima la denuncia por inexistencia de delito.
En su denuncia, el abogado Gregorio Dalbón —quien representó en distintas causas a la ex presidenta Cristina Kirchner— pidió imputar y eventualmente indagar al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del BCRA, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet; y al subsuperintendente de la misma área, Nicolás Marcelo Ferro.
Los presuntos delitos señalados en la presentación abarcan la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, el abuso de autoridad, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la asociación ilícita.
Al revisar los estados contables del BCRA correspondientes al año pasado, la AGN emitió un dictamen favorable sin salvedades, pero incluyó un apartado específico de advertencia denominado “Operaciones de opciones con subyacente oro”.
Al subir el valor del oro por encima del techo pautado —4.000 dólares por onza—, el BCRA se vio obligado a pagar la diferencia a sus contrapartes en el exterior. El denunciante argumentó que la entidad resignó ganancias genuinas y comprometió reservas líquidas para cubrir los lingotes de oro, un activo que casi nunca se enajena.
Por su parte, el Banco Central defendió la legalidad de las operaciones argumentando que se trataron de coberturas de seguro válidas y que el resultado neto de la administración de los activos fue positivo.
Una de las contrapartes que se habría quedado con dólares de las reservas argentinas a partir de estos movimientos es el Deutsche Bank, donde Caputo y Bausili trabajaron en cargos jerárquicos antes de llegar al Gobierno.
Publicaciones periodísticas indicaron que este banco internacional pudo haber participado en los contratos que fijaron el derecho de compra de oro a un valor cercano a los 3.000 dólares por onza, en momentos donde la cotización de mercado superaba los 4.000 dólares.
A este panorama se sumó la sospecha sobre los costos asociados a la intermediación financiera. Las versiones públicas señaladas en la denuncia —que deben ser corroboradas formalmente— mencionaron que las comisiones, honorarios y márgenes globales derivados de estas transacciones superaron los 60 millones de dólares.
Ante este escenario, la denuncia solicitó investigar cómo se seleccionó a las contrapartes, si existieron intermediarios y si se pagaron comisiones o márgenes indebidos.
