Estudiantes, docentes y personal no docente de todos los niveles; egresados; organizaciones sociales; gremios y partidos políticos marcharán este martes con un libro en la mano, contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei sobre el presupuesto universitario y en defensa de la educación pública.
Las movilizaciones se realizarán en distintos puntos del país y los convocantes proyectan que podría ser una protesta multitudinaria. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, advirtió que aplicará el protocolo antipiquetes para ordenar la circulación.
“Convocamos a una gran demostración nacional el próximo 23 de abril, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino. En conjunto con las representaciones docentes, no docente y estudiantiles. Toda la comunidad universitaria, toda la sociedad, porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación”, planteó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Para el Gobierno, se trata de una marcha que no responde a un verdadero interés por la educación pública, sino a cuestiones políticas. “Es una movilización incentivada por la política”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni. Para el ministro de Economía, Luis Caputo, es “un berrinche”.
Entre otros referentes de la oposición, se movilizarán Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y dirigentes de la UCR, la Coalición Cívica, el Frente Renovador y el FIT. En la previa a la marcha universitaria, muchos docentes dieron clases públicas en la calle.
La respuesta al ajuste de Milei
En un intento por desactivar la marcha, el Gobierno anunció un incremento adicional del 70% en el presupuesto universitario de mayo, que se sumará al aumento del 70% el otorgado en marzo. Así, alcanzará $14.224.732.213 mensuales para el quinto mes del año. Además, convino en realizar una auditoría.
Según explicó Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el anuncio es para “subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades”, que “representan solo el 10% del presupuesto universitario”, mientras que “el otro 90% son salarios, que siguen perdiendo un 35%, desde diciembre, comparados con la inflación”.
De acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “el sueldo de febrero 2024 se ubicó 29% por debajo del de noviembre 2023 y 27% menor al promedio anual del año 2023″.
Las cifras oficiales confirmadas por Adorni indican que el recorte en educación fue del 70%. Los informes privados coinciden en la magnitud del ajuste. Según la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP), las transferencias a universidades nacionales se redujeron 34,2% en términos reales el primer trimestre 2024 con respecto a igual trimestre 2023. Para CEPA, solo en marzo la baja del presupuesto fue del 61% comparado con el mismo mes del año anterior.
Dónde se realizarán las movilizaciones
Si bien el punto central de la marcha será la Ciudad de Buenos Aires, habrá movilizaciones en todo el país, convocadas por más de 70 casas de altos estudios pertenecientes a las 24 jurisdicciones.
Cada provincia definió los puntos de los actos principales. En el centro porteño, las movilizaciones comenzarán a las 15:30 en el Congreso, desde donde marcharán hacia Plaza de Mayo. Allí, a las 18:00, está prevista la lectura de un documento.
“La idea es no cortar ninguna calle. Concentrar el esfuerzo en que el trastorno para la gente que circula sea el menor posible”, dijo Yacobitti.
Cuáles son los reclamos
La consigna principal de la convocatoria es la defensa de la educación pública y contra el recorte de presupuesto en las universidades. Según el CIN, “la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y necesita urgente respuesta por partes de los poderes del Estado nacional”.
Entre otros puntos, el CIN planteó preocupación por:
-La falta de acuerdos paritarios;
-El deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación;
-La suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución;
-La no renovación del los sistemas nacionales de becas;
-La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Y reclamó:
-Priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la i-nversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria.
-El derecho de las y los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre.
-Un sistema abierto que promueve la movilidad social y las transformaciones de nuestras comunidades, del que nuestras y nuestros graduados son su mejor expresión.
-Que cualquier acuerdo que se promueva a nivel nacional priorice como central la cuestión educativa.
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