El Gobierno anuló el plan del kirchnerismo para ceder tierras a grupos mapuches: planea desalojar los predios fiscales usurpados

La colaboración entre el gobierno encabezado por Alberto Fernández y agrupaciones mapuches ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones. Recientemente, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha sido señalado por brindar apoyo a familias que, alegando descendencia ancestral, han obtenido beneficios del Estado, a pesar de ocupar ilegalmente tierras públicas.

La nueva administración de Parques Nacionales está revisando los convenios concedidos durante la gestión anterior y el apoyo continuo brindado a estas comunidades por parte de organismos estatales. El objetivo es recuperar las tierras cedidas, revocar los acuerdos firmados y examinar los reconocimientos otorgados por el INAI a más de 200 agrupaciones.

En una reciente publicación de Infobae, se reveló la anulación de un convenio firmado en 2021 entre Parques Nacionales y una fundación presidida por Franco García Dellavalle, cercano a Juan Grabois. Este acuerdo contemplaba la entrega de 2 hectáreas en la costa del lago Mascardi, lo que fue denunciado como un favoritismo hacia allegados al poder, y resultó en la rescisión del contrato.

El vocero presidencial Manuel Adorni fue el encargado de anunciar la anulación de este pacto, pero no es el único caso bajo escrutinio por la nueva administración de Parques Nacionales.

Un ejemplo emblemático de la colaboración gubernamental con ocupantes ilegales ocurrió en Villa Mascardi en noviembre de 2017. Un grupo de 30 personas se estableció ilegalmente en dos terrenos pertenecientes a Parques Nacionales, donde permanecieron hasta 2022.

Cuando se llevó a cabo el desalojo de estos terrenos en octubre de 2022, la Policía Federal descubrió que algunos ocupantes contaban con tarjetas de beneficios sociales otorgadas por el gobierno nacional.

Uno de los involucrados en estas ocupaciones es Matías Santana, conocido como "el mapuche de los binoculares", quien afirmó haber visto a Santiago Maldonado siendo trasladado por gendarmes. Posteriormente, fue imputado por falso testimonio.

Durante el conflicto judicial, la Administración de Parques Nacionales adoptó una postura conciliadora con el grupo ocupante, e incluso abandonó la querella en el caso de la ocupación de tierras públicas, aunque luego retomó su postura ante la presión mediática.

Otro incidente revelador ocurrió en 2020, cuando el vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán, fue detenido mientras trasladaba familias a la usurpación de Villa Mascardi. Circulaba en un vehículo destinado al relevamiento territorial de pueblos originarios, pero que estaba siendo utilizado para otros fines.

Luis Pilquimán

Para evitar ser condenado por malversación de fondos públicos, Pilquimán acordó pagar una multa y realizar trabajo comunitario. Estos hechos ilustran la colaboración del gobierno anterior con los ocupantes ilegales de tierras públicas.

La nueva administración de Parques Nacionales, encabezada por Cristian Larsen, está revisando todas estas situaciones para rectificar los errores cometidos. Uno de los planes que está siendo desechado es el acuerdo que beneficiaba a la comunidad Lafken Winkul Mapu, diseñado durante la gestión anterior por el ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

Este acuerdo, que incluía la cesión de tierras fiscales usurpadas, la construcción de viviendas para los ocupantes ilegales y la creación de una Mesa de Diálogo, ha sido rechazado por la nueva administración, que busca recuperar la soberanía sobre las tierras públicas y preservar el patrimonio natural del país.