REDACCIÓN 4L
El Gobierno ha establecido como requisito previo para la privatización o concesión de empresas públicas su saneamiento financiero. Sin embargo, los números de muchas de estas compañías muestran déficits considerables. Desde la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, se advierte la necesidad de reducir los gastos operativos de estas empresas.
Un ejemplo de esta situación es AYSA, la empresa encargada de proveer servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. En 2023, recibió $285 mil millones del Estado, y sin esta asistencia, su resultado financiero habría sido de unos -$699.255 millones.
De las 11 empresas que el Gobierno planea privatizar total o parcialmente y/o concesionar, 10 registran déficits. Sin el respaldo financiero del Estado, no podrían mantener su estructura operativa. La administración de Milei busca reducir estos aportes estatales como parte del plan para lograr un déficit cero y, al mismo tiempo, hacer que estas compañías sean más atractivas para posibles inversores. "¿Quién querría invertir en una empresa que está en números rojos?", se preguntan en la Casa Rosada.
El listado de empresas deficitarias incluye a Aerolíneas Argentinas (AA), que cerró 2023 con un déficit de aproximadamente $385 mil millones. Aunque la compañía no recibió asistencia del Estado en 2023, este año ya ha recibido $40 mil millones para su funcionamiento.
Desde el cambio de gestión, Aerolíneas Argentinas ha reducido sus rutas comerciales, ofrecido retiros voluntarios y realizado otras reducciones presupuestarias para intentar disminuir sus gastos.
Otro ejemplo es Correo Argentino, que en 2023 recibió $84.466 millones del Estado. Si no fuera por estos aportes, habría registrado un déficit de unos -$71.322 millones. Situaciones similares se dan en Radio y Televisión Argentina S.E y otras empresas sujetas a privatización.
La única empresa sujeta a privatización que reportó superávit es Nucleoeléctrica Argentina S.A, con un saldo a favor de $320 mil millones. Sin embargo, desde el Gobierno aclaran que estos resultados se deben a transacciones internas dentro del ámbito estatal.
En 2024, estas compañías ya han comenzado a recibir grandes inyecciones de dinero, con al menos nueve de ellas recibiendo más de $620.000 millones. Para que estas empresas puedan ser privatizadas total o parcialmente, aún se requiere la aprobación del Senado. Una vez obtenida esta aprobación, Gonzalo Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado, podría comenzar a evaluar las opciones para su eventual privatización.
