Las empresas industriales pagan 7,4 tasas municipales en promedio

Las empresas industriales pagan 7,4 tasas municipales en promedio, según un relevamiento realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA).

El estudio advierte que en cada municipio se abonan 1,4 tasas en promedio. La doble imposición, la falta de proporcionalidad y la ausencia de contraprestación individual están entre los principales problemas que identifican las empresas encuestadas.

Martín Rappallini, presidente de la UIA, dijo que “las tasas municipales son un capítulo importante de la carga fiscal que afecta a la producción transable y alcanza al sector formal de la economía argentina, con un impacto directo en la competitividad de los productos argentinos”.

El relevamiento sobre tasas municipales expuso algunos datos alarmantes: las empresas industriales pagan, en promedio, 7,4 tasas municipales, y más el 81% de las tasas relevadas no tienen contraprestación.

La UIA señaló que Argentina lidera el ranking de presión fiscal sobre el sector formal, a nivel nacional y a nivel subnacional y que, Comparada con 30 países (OCDE y otros), Argentina es el único país donde la tasa municipal es tan gravosa como el impuesto provincial.

Por otra parte, 1 de cada 3 tasas que pagan las empresas es por Seguridad e Higiene (TISH). La TISH representa el 1,8 % del precio final de productos como alimentos.

En el 35% de los casos, generan doble imposición, principalmente en Ingresos Brutos. Las empresas abonan varios impuestos sobre una misma base imponible.

La Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Jujuy, Entre Ríos y Misiones son las provincias que presentan mayor promedio de tasas por locaciones municipales. En este sentido, Rappallini dijo que “la industria no tiene rueditas”, en alusión al hecho de que una industria no puede relocalizarse debido al alza en los costos de su municipio, pero sí puede elegir dónde ubicar sus nuevas inversiones y los costos son parte de la decisión.

Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Política Tributaria, señaló que “es fundamental impulsar un consenso fiscal que incluya a los tres niveles de gobierno, con una autoridad de aplicación clara y precisa y con premios y castigos para cumplidores y no cumplidores de lo establecido en el consenso”.