Milei contrató encuestas millonarias para medir el humor social

A cuatro meses de asumir en el poder, el gobierno de Javier Milei ha tomado la decisión de contratar encuestas de opinión por primera vez para evaluar la percepción de la ciudadanía sobre su gestión y el rumbo económico del país.

Según información obtenida, la Casa Rosada ha contratado tres trabajos de consultoría por un total de $32.377.081. Al menos uno de estos trabajos se centra en la percepción de la sociedad sobre las primeras medidas económicas de Milei, las expectativas respecto a la inflación y la opinión sobre la reducción de subsidios en servicios básicos y transporte, entre otros temas.

Estos servicios fueron solicitados a través de un acuerdo marco establecido por la Secretaría de Innovación Pública con 15 encuestadores, con el objetivo de llevar a cabo 67 trabajos de opinión pública. Este enfoque refleja la continuación de la metodología de evaluación de la gestión utilizada por la administración anterior.

El acuerdo, que se selló en febrero y tiene una duración de seis meses, permite que los servicios sean solicitados por diferentes ministerios y organismos del gobierno. En este caso, los primeros tres trabajos fueron solicitados por la Jefatura de Gabinete dirigida por Nicolás Posse.

El primero de estos trabajos, encargado a Julio Francisco Antonio Aurelio S.A., consiste en la realización de 1360 encuestas presenciales por un total de $20.334.325. Este trabajo se enfocará en la economía, con especial atención en los sectores afectados por la inflación.

Las otras consultoras contratadas fueron Opinaia S.A. y Tres Puntos Zero S.A., cada una encargada de realizar encuestas de diferentes tipos a cambio de montos específicos.

El gobierno de Milei busca utilizar estos servicios para evaluar la percepción de la sociedad sobre sus medidas, especialmente en un contexto de ajuste fiscal y reducción de gastos. Esta estrategia refleja la voluntad del gobierno de conocer el sentir de la ciudadanía y mejorar sus servicios en función de ello.

Desde la Jefatura de Gabinete explicaron que estos recursos estarán enfocados en mejorar el servicio que el Gobierno brinda a la ciudadanía, y que el acuerdo no compromete un monto fijo, sino que establece precios para las contrataciones estatales. Se trata de una metodología que busca generar competitividad entre los encuestadores y reducir costos para el Estado.