
La senadora nacional recogió el guante tras las palabras del tesorero de la AFA.


La causa es por el presunto uso indebido de fondos públicos para financiar campañas de difamación en redes sociales.
Política
REDACCIÓN 4L
El diputado nacional por Salta Emiliano Estrada, que busca renovar su banca en las elecciones de octubre, volvió a ausentarse de una audiencia en su contra en el Juzgado Federal N°2 de esa provincia, en el marco de la causa por el presunto uso indebido de fondos públicos para financiar campañas de difamación en redes sociales.
El legislador, quien ya había faltado a una citación anterior en junio, justificó a través de su abogado Jorge Ovejero que no había sido notificado en tiempo y que no podía ausentarse del Congreso en la jornada de votación del veto presidencial. El argumento fue rechazado por la fiscalía, que impulsa el pedido de desafuero.
El fiscal federal Carlos Amad sostiene que Estrada incurrió en delitos de intimidación pública (artículo 221 del Código Penal) y peculado de trabajos y servicios (artículo 261, segunda parte), ante la sospecha de que la estructura de difusión en redes estaba sostenida con fondos del Congreso, mediante contratos de asesores.
El defensor de Estrada planteó la nulidad del pedido de desafuero por considerarlo “inconsistente” y alegó que el proceso judicial presenta irregularidades, al tiempo que invocó la protección constitucional de los fueros parlamentarios.
Según señalaron fuentes judiciales, la estrategia del legislador de Unión por la Patria busca dilatar la causa para llegar a las elecciones de octubre con la expectativa de asegurarse otros cuatro años de inmunidad parlamentaria.
En el plano político, la situación generó ruidos entre los propios candidatos a legisladores nacionales, quienes cuestionan el incumplimiento reiterado de Estrada con la justicia federal salteña y el impacto negativo que podría tener en la campaña.
Estrada, quien días atrás mantuvo un encuentro político con la ex presidenta Cristina Kirchner, actualmente bajo prisión domiciliaria, enfrenta acusaciones por abuso de autoridad y violaciones a la Ley de Ética Pública.

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Aclaró que el tema quedará para una segunda ley, mientras avanza el debate en el Congreso.

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