REDACCIÓN 4L
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, ha expresado su total desencanto con el gobierno de Javier Milei, afirmando que si no se asignan recursos a su provincia, no habrá ley Bases ni Pacto de Mayo. Esta declaración refleja la frustración de los gobernadores que mantenían una actitud dialoguista con la administración libertaria y que ahora se sienten perjudicados por la reciente decisión del Ejecutivo de cortar los fondos destinados a las cajas previsionales no transferidas a 13 provincias.
Otros gobernadores, como Ignacio Torres de Chubut, han expresado su intención de llevar el asunto a la justicia para reclamar por estos recortes. A pesar de ser miembro del PRO, Torres se muestra enojado por las medidas que afectan a las provincias y critica la falta de consultas sobre estas decisiones.
Provincias importantes como Córdoba y Santa Fe también consideran recurrir a la justicia para resolver la situación. En el caso de Córdoba, consideran que el decreto de Milei simplemente ha oficializado lo que venía sucediendo de facto, y esto podría ser utilizado como argumento en una demanda judicial.
La eliminación de fondos como el Fonid y el Fondo Compensador del Transporte une a todos los gobernadores, quienes perciben un patrón en la política del Gobierno de complicar la situación de las provincias en dificultades. Esta percepción ha llevado a un sentimiento generalizado de que el Gobierno considera a los gobernadores como enemigos y no colaboradores en la construcción de un mejor país.
El descontento entre los gobernadores ha llevado a la formación de grupos regionales, como los gobernadores patagónicos, que planean acciones conjuntas para defender los intereses de sus provincias. Además, se están preparando demandas judiciales contra decisiones del Gobierno y de empresas como YPF, que afectan a las provincias petroleras.
La reunión convocada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, con los gobernadores de Juntos por el Cambio prevista para esta semana, se ve afectada por este clima de descontento y falta de consenso. El Gobierno propone soluciones que los gobernadores consideran insuficientes y que podrían afectar a los sectores populares.
En resumen, la relación entre el Gobierno y los gobernadores se ha vuelto tensa debido a decisiones unilaterales que perjudican a las provincias. La falta de diálogo y la imposición de medidas que no tienen en cuenta las necesidades de las regiones están generando un clima de conflicto que amenaza con profundizarse.
