El Gobierno restituyó a Parques Nacionales tierras cedidas a comunidades mapuches durante el gobierno de Alberto Fernández

El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que va a restituir a Parques Nacionales dos hectáreas de tierras ubicadas a orillas del lago Nahuel Huapi que habían sido entregadas en usufructuo en 2021 por un lapso de 10 años a una agrupación llamada Fundación Arcangel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad

Se trata de una organización liderada por Franco García Dellavalle, un abogado cercano a Juan Grabois y exfuncionario del Ministerio de Economía durante la gestión de Alberto Fernández.

"Esta agrupación era liderada por un militante del Movimiento Popular La Dignidad, llamado Franco Dellavalle, un abogado cooperativista cercano al ex candidato a presidente Juan Grabois, quien fue también director de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023", puntualizó el vocero presidencial Manuel Adornien su habitual conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada.

"La entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo por supuesto que no son una novedad. Se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias. 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones”, afirmó Adorni.

"Los parques nacionales son patrimonio de todos los argentinos y no de los privilegiados por estar o pertenecer al grupo que es más cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la bandera argentina", cerró.

La zona conocida como Los Rápidos, cerca del Lago Mascardi y dentro del circuito Cerro Tronador, fue otorgada en concesión por 10 años en 2021, mientras el conflicto con la facción autodenominada mapuche de Villa Mascardi estaba en su apogeo.

El fiscal federal Carlos Stornelli había pedido investigar a la fundación que encabezaba Dellavalle y también a los funcionarios que participaron en la cesión de esas tierras por un posible delito de fraude a la administración pública.