El Gobierno generó un revuelo político al oficializar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, desatando críticas tanto de la oposición dura como de la más cercana al oficialismo. Este movimiento, que dejó trunco el debate sobre múltiples proyectos de modificación de la movilidad jubilatoria en el Congreso, ha generado una profunda división y tensiones internas.
El DNU establece que la primera actualización en base a la nueva movilidad se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024, manteniendo la fórmula actual hasta junio. Sin embargo, los montos de los "adelantos" dispuestos por el Gobierno no fueron precisados, generando incertidumbre y descontento entre los diputados dialoguistas.
La diputada Margarita Stolbizer y otros representantes de distintos bloques cuestionaron fuertemente la medida, calificándola de "cinismo" y "pura trampa". Se critica especialmente el hecho de que la actualización por inflación recién se efectuará en julio, mientras que los adelantos serán descontados en junio, lo que genera una sensación de pérdida de poder adquisitivo para los jubilados.
La diputada Julia Strada señaló que la medida consolida la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones y advirtió sobre un objetivo del Gobierno de llevar a cabo un ajuste que inevitablemente afectará a los jubilados. Esta preocupación se suma a la crisis interna en el bloque radical, donde se señala al jefe de la bancada, Rodrigo De Loredo, por haber pactado un acuerdo con el Gobierno que luego fue desechado, dejando a la bancada radical en una posición incómoda.
En medio de esta controversia, los diputados libertarios fueron los únicos en celebrar el DNU presidencial, mientras que el PRO prefiere alinearse con el oficialismo para bloquear cualquier acuerdo opositor que busque elaborar una ley alternativa.
La oficialización del cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria ha generado un intenso debate político y tensiones internas en el Congreso, mientras los jubilados quedan en medio de la incertidumbre y la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo de sus haberes.
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