La oleada de despidos está afectando a diversas dependencias estatales, lo que ha generado un aumento en las protestas sindicales. El presidente Javier Milei celebró la eliminación de "50 mil puestos de trabajo" y ante empresarios anunció que se planea prescindir de "70 mil contratos" adicionales. Sin embargo, fuentes gubernamentales se vieron obligadas a desmentir sus declaraciones, aclarando que los 70 mil contratos están bajo revisión, no necesariamente serán rescindidos. El objetivo es reducir entre el 15% y el 20% de la fuerza laboral en cada área.
La estrategia preferida para reducir el número de empleados estatales será la no renovación de contratos, aunque también se están produciendo despidos de empleados de planta, como en el caso de la Anses, donde incluso se han cerrado sedes regionales.
Ante esta situación, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una huelga y movilización nacional, advirtiendo que paralizarán las actividades estatales si no se revierte la reducción drástica de empleos.
La incertidumbre reina en las diferentes dependencias estatales, ya que se espera una ola de despidos en los últimos días de marzo, sin que se haya especificado ningún criterio claro. A diferencia de recortes anteriores, donde se tildaba de "ñoquis" a los despedidos, esta vez la razón parece ser simplemente ajustar las cuentas, sin considerar la situación laboral real de los empleados.
En un evento, Milei se jactó de los despidos, mencionando la eliminación de 50 mil empleos y la inminente caída de 70 mil contratos más.
Las fuentes oficiales tuvieron que corregir al presidente, explicando que no se trata de despidos directos, sino de la no renovación de entre el 15% y el 20% de los más de 71 mil contratos de trabajadores estatales bajo revisión.
En respuesta, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que la multiplicación de protestas en todo el país refleja un aumento en la conflictividad laboral, y prometió resistir cualquier intento de despido injustificado en el sector público.
Los recortes de personal no solo afectan a los contratados, sino también al personal de planta. Por ejemplo, en la Anses se ha despedido a trabajadores reincorporados anteriormente, lo que generará altos costos al Estado en indemnizaciones.
El cierre de unidades regionales de la Anses en varias localidades provinciales no solo implica la pérdida de empleos, sino también dificulta el acceso de la población a servicios gubernamentales, obligándolos a viajar para realizar trámites.
Otros organismos afectados incluyen la Agencia Nacional de Discapacidad, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, entre otros. Incluso se ha anunciado el cierre de instituciones como el Inadi y la agencia de noticias Télam, sin claridad sobre el destino del personal.
En medio de este panorama, se han registrado numerosas protestas en distintas dependencias estatales, con movilizaciones, asambleas y cortes de ruta en todo el país. Los trabajadores exigen un alto al ajuste salarial y a los despidos masivos, así como la preservación de organismos cruciales para políticas sociales.
Frente al Ministerio de Economía, los trabajadores, representados por ATE y UPCN, han protestado bajo consignas como "La gente no se toca". El titular de la CTA Capital, Daniel "Tano" Catalano, llamó a realizar un gran paro de estatales en abril y a hacer la vida "invivible" para los funcionarios públicos como medida de resistencia.
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