El Gobierno ha llevado a cabo una serie de despidos en la administración pública que han afectado a más de 10.000 trabajadores estatales, y se prevé que este número aumente a 70.000 en varios tramos, según lo adelantado por Javier Milei. Estas medidas han generado fuertes críticas por parte del gremio ATE, que denuncia la implementación de "mecanismos oscuros y clandestinos". Ante esta situación, ATE ha convocado a una contundente medida de fuerza para el próximo miércoles 3 de abril.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, se reunió la semana pasada con asesores legales de los Consejos Directivos para planificar las acciones a seguir frente a estos despidos. Durante la reunión, Aguiar expresó su preocupación por el "grave e inédito" ataque a los derechos de los trabajadores estatales y señaló que el Gobierno está vulnerando el sistema jurídico vigente en el país.
ATE ha convocado a un paro nacional de 24 horas y a una asamblea masiva como parte de un plan de lucha creciente para enfrentar estos despidos. Según voceros del sindicato, la cantidad de despidos oscila entre 10.000 y 15.000, aunque es difícil llevar un relevamiento preciso debido a los métodos poco transparentes utilizados por el Gobierno para notificar a los trabajadores.
Los despidos masivos se llevarán a cabo de manera coordinada en todo el país, y ATE está preparando una asamblea masiva para el miércoles al mediodía, en la que participarán todos los sectores del sindicato. Aguiar ha advertido que el Gobierno pretende despedir al menos la mitad de los trabajadores estatales como parte de su plan de reducción del gasto, lo cual, según él, constituye una violación de los derechos consagrados en la Constitución.
En este contexto, Aguiar ha señalado que el Presidente y sus funcionarios podrían enfrentar consecuencias legales por estos despidos masivos, advirtiendo que podrían terminar siendo arrestados.
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