El ruido empezó en diciembre y se potenció la semana pasada. Los municipios macristas consideran que fueron perjudicados desde el radicalismo por la fórmula que se votó para distribuir el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal.
Buenos Aires
REDACCIÓN 4L
La relación entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO en la provincia de Buenos Aires pasa por uno de sus momentos más tensos. El conflicto se desató por la distribución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, donde varios intendentes amarillos afirman haber sido perjudicados por la fórmula votada a fines de 2023.
Los diputados radicales reciben quejas de intendentes como Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón, quien estima una pérdida de mil millones de pesos para Mar del Plata.
El conflicto surgió en la negociación con el Ejecutivo provincial sobre el monto y las condiciones para distribuir los 116 mil millones de pesos que componen el Fondo. Las negociaciones estuvieron en manos de Maximiliano Suescún (UCR) y Diego Valenzuela (PRO).
El PRO presentó un proyecto para modificar el índice de distribución, alegando que la fórmula favorece a los municipios más chicos, mayormente gobernados por la UCR.
El acuerdo original establecía que el 50% del fondo se distribuiría en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el otro 50% en base a los recursos de cada municipio. Sin embargo, finalmente se decidió distribuirlo en su totalidad basándose en el CUD.
En febrero, cuando se depositó la primera cuota del Fondo, las premoniciones de los intendentes amarillos se confirmaron. Distritos como Mar del Plata, Pergamino, Tres de Febrero, San Isidro, Vicente López o Junín, todos en manos del PRO, recibieron menos fondos que antes.
El oficialismo asegura que la ley se aprobó por acuerdo, pero se abre la posibilidad de una modificación si se alcanza un nuevo consenso.
En este contexto, la relación entre la UCR y el PRO atraviesa momentos de tensión. El PRO busca modificar la fórmula de distribución, mientras que la UCR defiende el acuerdo original.
El PRO busca el apoyo de Unión por la Patria para modificar la ley. Sin embargo, la posición del oficialismo es clara: la ley fue aprobada por acuerdo y cualquier modificación deberá consensuarse.
A pesar de estos desencuentros, ambos partidos mantienen la necesidad de ser opositores al gobierno de Milei.
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